El Gobierno dice que hay que expulsar al Ejército del cuartel de Loyola por el «desarrollo urbanístico»

La cesión al PNV del cuartel de Loyola en San Sebastián (Guipúzcoa) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como contrapartida a los Presupuestos Generales del Estado, genera incertidumbre sobre el destino del Ejército, que el Ejecutivo no aclara. En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, trata de justificar ese ‘regalo’ a los peneuvistas explicando que se constituirá una comisión, con representación del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián (PNV) y que «el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, actuará guiado por la voluntad de avanzar en la negociación, con el fin de contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad, que precisa de los terrenos para incrementar la oferta de viviendas, una parte de protección oficial».

El Gobierno, sin embargo, no aclara en profundidad qué pasará con los militares, y se limita a señalar que «las Fuerzas Armadas continuarán presentes en la ciudad, alojadas en las nuevas instalaciones que se construirán en terrenos del Ministerio de Defensa, financiadas en
una parte sustancial con el producto de la enajenación de los terrenos».

Preguntas de PP y Vox

Los diputados del PP Bea Fanjul y Fernando Adolfo Gutiérrez trasladaron al Gobierno una batería de preguntas sobre esta cuestión, al objeto de conocer «por qué el Gobierno de España no ha solicitado un nuevo emplazamiento» para el Ejército o «cuál es la estrategia que tiene en marcha el Ministerio de Defensa para garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en el País Vasco».

Por su parte, Vox también trasladó su inquietud al Ejecutivo sobre «el riesgo para la Seguridad Nacional que supone la enajenación de los terrenos sobre los que se ubica el cuartel».

El Gobierno se limita a zanjar con la respuesta anterior todas las preguntas sobre el tema, dejando así sin respuesta clara otras cuestiones como si el traslado «dañaría la presencia del Estado» en Guipúzcoa o «podría suponer una merma en la capacidad de Defensa» en el País Vasco. Desde el partido de Santiago Abascal también preguntaron por el futuro destino de las Fuerzas Armadas y si «ha tenido en cuenta el Gobierno las problemáticas familiares en materia de movilidad y conciliación que esta decisión va a tener para los militares destinados actualmente en el cuartel de Loyola». Cuestiones todas sobre las que el Ejecutivo socialcomunista tiende un velo de opacidad.

Ambición soberanista

La cesión de los terrenos militares de Loyola, como recogió OKDIARIO, es una de las grandes ambiciones soberanistas del PNV. Las instalaciones alojan 400 efectivos del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia 67, que entre sus últimas misiones cuenta un despliegue en Irak en el pasado 2020.

El propio Pedro Sánchez llegó a considerar que esta base militar era «prioritaria» para «los intereses de la Defensa Nacional», defendiendo la categoría de zona estratégica a la que la elevó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018.

En una respuesta por escrito en el Congreso, el Gobierno de Sánchez defendía que había que «preservar la propiedad militar y sus instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarla». Por ello, «se han considerado prioritarios los intereses de la Defensa Nacional en las zonas declaradas», alegaba el Ejecutivo en referencia a Loyola y al campo de maniobras de Jaizquibel, situado también en la provincia de Guipúzcoa.

Como contó este periódico, los efectivos del Regimiento de Infantería ‘Tercio Viejo de Sicilia 67’ realizan misiones de gran peso estratégico en la defensa de España y en los compromisos internacionales con la OTAN y la UE. Parte de sus 400 integrantes fueron desplegados  este 2020 en Irak.

La misión de esos militares destinados en Loyola fue la de instruir al ejército iraquí en su lucha contra el terrorismo del Daesh y proporcionar seguridad al contingente en la base de Besmayah, donde se encuentra el grueso de las tropas españoles en el país asiático.

Otra de las misiones que lleva a cabo este regimiento es la de adiestrarse conjuntamente con efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Guipúzcoa, especialmente con miembros de las unidades de élite GAR especializadas en lucha antiterrorista y que en su día fueron un auténtico quebradero de cabeza para los comandos de ETA.

La cesión forma parte del acuerdo con el PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Desde hace décadas los sucesivos gobiernos de PP y PSOE se habían negado a complacer esa petición histórica. La decisión provocó un enorme malestar e indignación en las Fuerzas Armadas.